Salta: Telefonía Celular. Todo igual, siete años después
A mediados de 2005, por deficiencias como las que persisten en el servicio de telefonía móvil, la Justicia llegó a prohibir la venta de nuevas líneas de celulares en Salta. La medida cautelar fue dictada por el entonces juez federal Abel Cornejo, en un momento en el que había en el país 22 millones de aparatos, 17 millones de líneas habilitadas y un soporte prestacional a todas luces insuficiente para garantizar comunicaciones aceptables en distintas localidades de la provincia.
Hoy, con 58 millones de aparatos y 47 millones de líneas activas en la Argentina, Salta también vio acrecentada dos veces y media su cantidad de usuarios de celulares, muchos de los cuales sufren deficiencias de señales, problemas de conectividad e interrupciones de llamadas nada distintas a las de hace siete años.
A raíz de la suspensión ordenada por Cornejo el 3 de agosto de 2005, ante una acción de amparo interpuesta por la Unión de Consumidores de Argentina (UCA), las compañías telefónicas interrumpieron por algunas semanas todas las contrataciones que implicaran la activación de nuevas líneas. En septiembre de 2005, sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocó la medida cautelar y levantó la suspensión, sin que se cumpliera la exigencia de inversiones en la red para garantizar un servicio acorde a la protección de los intereses económicos de los usuarios, tal como los garantiza la Constitución Nacional en su artículo 42.
En su fallo, los camaristas Ricardo Falú y Martín Diez concluyeron que “si bien existe una conciencia generalizada acerca de que los usuarios de dicho servicio deben afrontar distintos problemas para su utilización, esto no implica que los inconvenientes se vean solucionados al suspender la activación de nuevas líneas”.
Así, las expectativas quedaron supeditadas a la posterior resolución de un amparo colectivo interpuesto por la UCA. Para resolver la cuestión de fondo, Cornejo solicitó una serie de informes técnicos a los organismos encargados de controlar y exigir una buena prestación del servicio de telefonía, pero hasta hoy nada se sabe de la suerte que corrió aquel amparo.
FUENTE: El Tribuno
