Opinión: La reforma judicial complica el acceso a la justicia de los consumidores
Nota de Opinión, por Fernando Blanco Muiño
Al cumplirse 30 años de la recuperación de la democracia, nos enfrentamos a la semana más comprometida en su proceso de consolidación. Los proyectos de reforma judicial que se tratarán en ambas cámaras del Congreso buscando transformándolos en ley son el riesgo más importante sobre la democracia desde 1983 a la fecha. Nuestra democracia ha padecido los levantamientos de Semana Santa, los procesos hiperinflacionarios, la disolución del 2001 y muchas cosas más, pero ninguna de ellas llevó al sistema a una situación de riesgo a corto, mediano y largo plazo como esta apresurada reforma judicial. Desde la sociedad civil sentimos la necesidad y la responsabilidad de alertar sobre los efectos de la reforma sobre los derechos de los ciudadanos en general y de los consumidores, en particular.
La Presidente de la República justificó, entre otros argumentos, el impulso de la “democratización” de la justicia desde la mirada del beneficio que ésta le traería a los que menos tienen, a los que necesitan reclamar en la justicia y no cuentan con recursos. Sostuvo, también, que el paquete de leyes que finalmente serán aprobados, servirán para acercar la justicia a la gente y hacer más ágil el trámite de los juicios.
Desde la perspectiva de los consumidores, que los hay con más o menos recursos; que los hay activos y jubilados, ninguna de las propuestas del Poder Ejecutivo mejoran la accesibilidad a la justicia.
En materia de defensa de derechos de usuarios y consumidores, las medidas cautelares han sido una herramienta muy útil para frenar acciones violatorias de derechos por parte de los proveedores de bienes y servicios o del propio Estado, tal como lo marca la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240. Desde impedir aumentos injustificados de luz, o suspender la aplicación de decretos en materia de gas, como sucede aún en estos días, o más recientemente impidiendo la suba de la tarifa de subte, todas esas decisiones en favor de los usuarios fueron ordenadas por jueces a través de medidas cautelares. Por eso, fijarle un plazo de hasta 6 meses de vigencia, pudiendo ser de 3, significa un cercenamiento claro al ejercicio de defensa de los consumidores.
Asimismo, suponer que la creación de nuevas Cámaras de Casación hará que se agilicen los procesos es a todas luces contradictorio, porque se incorpora una nueva instancia antes de llegar a la Corte Suprema. En materia de Seguridad Social, ahora los jubilados argentinos, que están obligados por el Estado a promover un juicio para cobrar sus haberes mal liquidados por el propio Estado, deberán sortear una nueva valla que insumirá, cuanto menos, un año más de juicio.
Si la Presidente de la República quiere efectivamente generar mejores condiciones para que los ciudadanos tengan acceso a una mejor justicia podría, por caso, ordenar a los abogados de la ANSES que dejen de apelar las sentencias a favor de jubilados y pagar lo que en derecho reclaman.
Si la Presidente de la República quiere aportar igualdad ante la ley, podría promover que los jueces empiecen a pagar el impuesto a las ganancias que millones de argentinos tributan. Este tema está sospechosamente ignorado en este paquete “democratizador” de la justicia.
Si la Presidente de la República quiere beneficiar a los sectores de la sociedad que cuentan con menos recursos para acceder a la justicia, podría plantear la gratuidad de los procesos en materia previsional y de consumidores, sin necesidad de tramitar un expediente paralelo al principal como es el beneficio de litigar sin gastos.
Si la Presidente de la República quiere, en definitiva, una mejor República debería ordenar a sus bloques parlamentarios abrir los proyectos presentados a la discusión para mejorarlos y enriquecerlos, no imponerlos sin más trámite que una tertulia previa a un automático levantamanos. Esa actitud les evitaría a los legisladores poder ser considerados “infames traidores a la patria” como marca el art. 29 de la Constitución Nacional y sería un enorme salto de calidad institucional, una bandera enarbolada por la Presidente de la República en un ya lejano 2007 que se está apolillando en la Casa Rosada.
Desde el movimiento de usuarios y consumidores estamos convencidos que el debate abierto es necesario y que la forma en que se lo está planteando nos hará perder una buena oportunidad para profundizar la vigencia de los derechos de consumidores, al cumplirse 20 años de la sanción de la Ley.
Por Fernando Blanco Muiño
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